Emil Beraún
El pasado viernes 05 de junio en horas de la madrugada el gobierno inició una ofensiva con el motivo de despejar una vía tomada por más de 50 días por parte de nativos y pobladores de Bagua. El motivo del bloqueo, la lucha por la derogatoria del pernicioso decreto 1090 con el cual se recorta la definición del patrimonio forestal dejando fuera de protección unos 45 millones de hectáreas con capacidad forestal, es decir más del 60 por ciento de los bosques. Mediante el presente decreto se busca otorgar concesiones privadas de los recursos forestales de hasta 40 años en extensiones de hasta 40 mil hectáreas, autorizándose el cambio de uso original de tierras. El presente decreto implica no sólo un daño a los bosques selváticos, sino también a la forma de vida de sus habitantes mediante la privatización de la selva y su venta al mejor postor, sin importar alterar la forma de vida de quienes allí habitan, bajo el pretexto del acercamiento al progreso y mejoras tecnológicas.
La postura oficialista de rematar al martillo la selva pasando por encima de voluntades y formas de vida tiene como antecedentes discursivos el 28 de octubre de 2007 cuando el inefable presidente inició sus escritos referidos sobre “El perro del hortelano”, donde dejaba entrever la política estatal orientada a explotar tierras amazónicas que bajo una “creencia mítica descabellada” no pueden tocarse por representar objetos sagrados y de organización comunal, así los pobladores no solo no la trabajan sino que además no permiten que puedan ser aprovechadas, imposibilitando sean vendidas y traigan progreso y beneficios a todos los peruanos. El nativo queda así presentado como aquel ser malo que no come ni deja comer, donde el estado en búsqueda de modernidad atrae la propiedad privada, la cual es la única forma de poder salir adelante, sin importar costo alguno. Estos planteamientos de inserción al mercado no son novedosos cuando de indígenas se trata, ya que históricamente cuando la represión producto de la invasión hispana alcanzó el ande peruano fueron utilizados como mano de obra explotada, así mismo la selva sólo se hizo efectivamente presente en el mapa peruano cuando urgió mano de obra servil en el boom cauchero a fines del siglo XIX.
Las contradicciones apreciables hoy en día en cuanto al trato con los peruanos amazónicos no son sino el más puro reflejo de la organización social, política y económica persistente desde tiempo colonial, donde “los vencidos” quedaron relegados, marginados y siendo condenados a la más cruda exclusión, siendo sólo recordados cuando de ellos era posible conseguir algún provecho. Galeano escribía hace unos días como la economía neoliberal arrasa todo lo que toca, pudiéndose apreciar esto en quienes eran los países más ricos antes de la llegada del hombre occidental, y quienes son ahora los más pobres. Perú, México y Bolivia expoliados hasta más no poder pasaron a ser parte de una pobreza luego de un saqueo constante y abusivo. Dentro del Perú, el neoliberalismo avanza despiadadamente sin importar a quién o que tenga que destruir, así luego de contaminar y extraer recursos en la sierra peruana, sus miradas se orientan hacia la amazonía, queriendo imponerse a como de lugar, y sin importar la vida de sus habitantes y el respeto de sus creencias.
Sin embargo, la política gubernamental no esperaba encontrarse con tanta resistencia, y es que para seguir la línea de quién no comprende nada ni le importa hacerlo, la mentalidad de las comunidades se ubica de forma diametralmente opuesta a la lógica del mercado, donde el progreso significa seguir manteniendo esa relación armónica con su entorno mientras se sigue protegiendo a la tierra que les da sustento y soporte, por esto las sentencias vertidas por ellos mismos de defenderla hasta con sus vidas si fuese necesario. Este pensamiento tan ajeno y tan “falto de comprensión” no es rentable para el estado, debido a esto y de seguro a no pocos acuerdos previos bajo la mesa, se consideraba necesario a como de lugar desalojarlos de las vías y de sus ideales, sin importar los costos.
Y los costos fueron muy altos, la represión vertida en desalojar la carretera, así como la represión en otros puntos donde se efectuaron choques con la policía tuvieron como consecuencia 23 muertes policiales y un número hasta ahora indeterminado de civiles, los cuales denuncian haber sido testigos de cómo la policía mataba y arrojaba cadáveres al río marañón en bolsas negras para evitar sea apreciado su contenido. Así mismo es de lamentar como la cantidad ofrecida por el oficialismo de menos de 10 nativos muertos es una quimera frente a lo sucedido realmente, si tomamos sobre todo en cuenta que de los más de 3 mil nativos que salieron de sus comunidades a protestar por sus tierras, sólo han retornado mil hasta el día de hoy.
Así el gobierno mostrando toda su faz represiva muestra cantidades que hicieran parecer a los nativos como los agresores, asesinos y violentistas por naturaleza, empezando a gastar cuantiosas sumas de dinero en propaganda para intentar justificar la violencia material, mientras esconden la constante e incansable violencia estructural contra dichas poblaciones. No contentos con esto, suelen recurrir al viejo y gastado argumento del complot extranjero, queriendo restarse méritos en sus propias estupideces y no asumiendo culpa alguna. No olvidemos lo dicho por García meses atrás, cuando afirmaba orgullosamente lo bien que marchaba su gobierno, no siendo aplaudido como mereciera debido al carácter parco de las poblaciones andinas, las cuales de forma innata manifestaban siempre un comportamiento quejoso. Interesante forma de sacudirse culpa y no darse cuenta que los reclamos provienen de gente cansada de las mismas políticas repetitivas que favorecen sólo a los más privilegiados.
Para ponerle más irracionalidad al discurso el gobierno califica como inapropiada la protesta, negando el uso de la violencia en sí. La protesta es algo válido y se manifiesta en medida necesaria acorde con la propia represión recibida, en este caso ya se acabó el tiempo de esperar pacientemente, la dignidad y la auténtica libertad se consiguen luchando y el estado no las brinda complacientemente. El estado propugna una paz, pero una tranquilidad donde quedan impunes sus atropellos e injusticias, y es aquí donde las protestas se legitiman, ejemplifican y se convierten en históricas, sobre todo cuando son auténticas, y se pisotean los derechos.
La protesta amazónica soportaba su legitimidad en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas o tribales, por la cual se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados cuando en sus tierras, o en el ámbito de influencia de las mismas, se planee la realización de proyectos relacionados con ordenamiento territorial, actividades extractivas u obras de infraestructura. Este documento fue ratificado en el Perú en 1993 mediante Resolución Legislativa Número 26253, sin embargo, saltando sobre el congreso y las propias comunidades el estado quiso arbitrariamente imponer una serie de decretos bajo el amparo de estar vinculados con el TLC con los Estados Unidos.
Como ejemplo de esto, el 19 de mayo de 2008 se aprobó el decreto legislativo número 1015 por el cual se buscaba modificar el número de votantes requeridos para disponer del territorio comunal, sin embargo ante la critica a la cual fue sometida dicha norma fue modificada el 28 de junio de 2008 por otro decreto, ahora el número 1073 que a pesar de todo manifiesta también una preocupante flexibilización en la disposición del territorio comunal. Todo esto demuestra la intención clara de no consultar debido al extremo afán de privatizar a como dé lugar, a pesar que el artículo 15 del referido convenio 169 indica que de ser contraria la decisión de la población indígena frente a cualquier proyecto a realizar este no tiene carácter vinculante, es decir el estado podría a pesar de ser el resultado de la consulta negativa, ejecutar el proyecto, previo acuerdo sobre la indemnizaciones frente a la población. Lo cierto es que lo mínimo necesario si el gobierno quisiese participar de un diálogo previo a una consulta sería considerar horizontalmente a las poblaciones amazónicas, pero eso resulta casi utópico si tenemos en cuenta la eterna consideración política hacia ellos, sobre todo si se producen declaraciones que demuestran una estancia perenne en babia como ciudadano distinguido al afirmar que pertenecen a los ciudadanos de segunda clase.
Otro aspecto digno de consideración es el referido a la viabilidad de los proyectos. En teoría debiera primero establecerse un diálogo con las poblaciones, y luego analizar la posible aplicación de un proyecto, que por ejemplo hubiera sido inviable en este caso, comprendiendo las urgencias nativas. Sin embargo la práctica demuestra que con los proyectos en los bolsillos y la boca sucia, se intenta luego obligar al sometimiento a las poblaciones, las cuales no pierden sólo un pedazo de tierra, sino que también pierden la vida ligada a ella. El gobierno así mismo argumenta que el subsuelo es suyo y que puede manipularlo como quiera, y bueno es cierto, pero siempre y cuando obtenga el permiso de las comunidades. Todo argumento que intente imponerse arbitrariamente cae sobre saco roto y merecerá la misma respuesta por parte de la población.
Lo cierto es que se perdieron muchas vidas por intransigencia del estado, por culpa de su prepotencia y su incapacidad de diálogo. ¿Qué podemos sin embargo aprender de todo esto?, y ¿cuál es la lección?
El gobierno se muestra despótico y genocida debido a que sabe que no hay una fuerza consistente que pueda hacerle frente; con una oposición desarticulada, con una izquierda viendo conveniencias particulares, y con la población que en gran parte sigue creyendo a los serranos y selváticos como gente de otro mundo y que vive en un horizonte que no merece nuestra atención. Este acontecimiento nos debe posibilitar reflexionar sobre nuestro pasado, nuestros conflictos, nuestros complejos, y sobre nuestro problemático presente. Nos debe permitir reflexionar sobre la necesidad de un frente social que saque la cara por el pueblo, teniendo al propio pueblo como abanderado, y sobre todo debe acercarnos al análisis de lo que significa ser peruano, no sólo perteneciendo a un territorio específico, sino a quién comparte proyectos e intereses comunes, así sentiremos que la lucha de los pueblos Wampis y Awajun, y de todos los pueblos en general son nuestros también, que su resistencia y su lucha, son nuestras, y que sus logros también son parte nuestra. Hay muchos problemas por analizar y resolver, y son estos lamentables acontecimientos que nos permiten acercarnos a ellos. Los pueblos deben estar de pie y defendiendo sus derechos frente al terrorismo estatal materializado en una política neoliberal, a la cual no le importa las vidas a sortear. Se hace urgente la conformación de una izquierda orgánica, fuerte y que viabilice los reclamos y anhelos de la población, sobre todo en contextos como el presente donde el gobierno ha perdido legitimidad, y se ha marcado un hito en la lucha de los pueblos indígenas, donde reclamarán por sus tierras, sus derechos, y darán su vida en defensa de su vida misma, en donde haciendo historia los oprimidos la subviertan y la hagan suya.
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